2.12.11

15 RAZONES PARA LA LEGALIZACIÓN DEL ABORTO

·
El aborto legal es un problema de derechos humanos de las mujeres
que el Estado laico debe garantizar sin restricciones de
principios religiosos. Porque la AUTONOMIA sobre nuestro propio
cuerpo es lo que nos da la posibilidad de gozar de PLENA CIUDADANIA.




·
Es un problema de SALUD PUBLICA ya que el aborto clandestino
representa la
PRIMERA CAUSA DE MUERTE MATERNA EN ARGENTINA. El aborto
es la última opción cuando es insuficiente la educación sexual o
fallan los métodos anticonceptivos. Por eso la consigna que parió el
feminismo es: EDUCACION SEXUAL PARA DECIDIR, ANTICONCEPTIVOS PARA NO
ABORTAR, ABORTO LEGAL PARA NO MORIR. En los países donde el aborto se
legalizó, bajó estrepitosamente la cantidad de abortos, porque bajó el
número de embarazos no deseados gracias a los esfuerzos integrales hechos
en materia de educación sexual y acceso a métodos anticonceptivos.



·
Legalizar el aborto garantiza la IGUALDAD de oportunidades de las mujeres
frente a embarazos no deseados. Todas sufrimos las violencias que rodean
la situación de clandestinidad, tabú e ilegalidad, pero son las
mujeres pobres las que no acceden a métodos seguros, a clínicas privadas
ni a información necesaria y terminan muriendo por abortos mal realizados
en condiciones inseguras y en situación de desesperación.



·
La maternidad debe ser una decisión de las mujeres. La posibilidad de
planificar los embarazos lleva a una maternidad elegida y deseada.
Ni las iglesias, ni el Estado, ni la corporación médica, pueden sustituir
la decisión de las mujeres, forzándolas a tomar cada embarazo como un
destino único e inevitable.



·
Muchas veces el aborto es la solución extrema frente a una cadena de
violencias que empieza en las relaciones de poder asimétricas entre
varones y mujeres en las relaciones sexuales, siendo los embarazos no
deseados producto de violaciones (muchas veces intramatrimoniales) o
también producto de la negación de algunos varones a usar métodos
anticonceptivos.

·
El aborto es una realidad ineludible. En promedio todas las mujeres
abortamos al menos dos veces en el transcurso de nuestras vidas. La
criminalización no reduce la cantidad de abortos, pero somete a las
mujeres a una práctica insegura que pone en riesgo su vida.



·
Porque defendemos la vida de las cientos de mujeres que mueren por año en
Argentina por abortos clandestinos y porque entendemos que defender la
vida está ligado a poder elegir qué hacer con ella, es que estamos a favor
de la legalización del aborto.



·
Con la despenalización no alcanza, sólo la legalización garantiza la
puesta en función de un andamiaje estatal de políticas públicas que haga
efectivos esos abortos en los hospitales públicos y que brinde educación
sexual y métodos anticonceptivos.



·
El aborto realizado en condiciones seguras antes de las 12 semanas es una
práctica sencilla que no pone en riesgo la salud de las mujeres, en cambio
cuando se lleva adelante un embarazo no deseado la salud
mental de las mujeres se encuentra amenazada.





·
La maternidad no es destino.



·
Porque legalizar el aborto no obliga a ninguna mujer a realizarlo si no lo
desea.





·
El aborto ilegal representa un negocio millonario para los médicos que
actúan en la clandestinidad. El aborto legal pone fin a la hipocresía de
quienes negocian con nuestros cuerpos.





·
El
debate sobre el aborto legal no es un debate ético sino político. La ética
es individual. Cada una decide lo que está bien o mal para su propia vida.





14.
Sexo
cuando lo deseo, hijxs cuando lo decido.



15.
EDUCACION SEXUAL PARA DECIDIR,
ANTICONCEPTIVOS PARA NO ABORTAR, ABORTO LEGAL PARA NO MORIR.







Colectiva Feminista Las Furiosas



La Plata

2011

24.10.11

Ante el inicio del debate sobre Aborto en la Comisión de Legislación Penal


El martes 1 de noviembre de 2011, está convocada la reunión de la Comisión de Legislación Penal del Congreso de la Nación, presidida por el diputado Juan Carlos Vega, para iniciar el debate sobre aborto.

Van a discutirse una serie de proyectos:

* Juan Carlos Vega defiende un proyecto de aborto no punible. Con este proyecto pretende retrotraernos a los primeros años del siglo pasado, cuando se sancionó el Código Penal argentino (1921). En su Artículo 86, se establecen las causales que habilitan un aborto no penalizado. Aún hoy es difícil que se cumpla ese artículo, ya que muchas veces la corporación médica judicializa y dilata la garantía del derecho allí contemplado. También sabemos que hay profesionales que hacen cumplir ese artículo, incluso arriesgándose a campañas en su contra (motorizadas por grupos anti-derechos). Las situaciones de abortos no punibles necesitan de médicos y médicas garantistas de derechos y de un Estado que asuma su responsabilidad de aplicar las leyes vigentes.

* Otras/os diputadas/os, firmantes del proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, sostienen que hace falta avanzar en un dictamen favorable que plantee la despenalización y legalización el aborto enArgentina.La aprobación de este proyecto supone la extensión de los derechos humanos a las humanas, supone saldar una deuda histórica de la democracia para con las mujeres de este país. Es asumir una realidad inocultable: que es altamente ineficaz la criminalización del aborto, ya que somos 500 mil las mujeres que cada año interrumpimos un embarazo no deseado. La clandestinidad no nos desalienta a las mujeres a llevar adelante nuestra decisión; pero profundiza las desigualdades sociales, porque sólo las que cuentan con recursos económicos acceden a prácticas abortivas que no ponen en riesgo su salud.Es hora de que el Congreso de la Nación, asuma esta deuda y la salde con un dictamen que dignifique nuestras vidas, las de las mujeres, aquellas que a pesar de la criminalización, y asumiendo riesgos: abortamos en Argentina.El debate no termina el 1 de noviembre en la Comisión de Legislación Penal, apenas empieza. Sí sabemos que es posible por las acciones de movilización y debate que venimos generando desde hace varios años. Más que nunca entonces:

TODAS Y TODOS A LA CALLE POR EL ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO

Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.

28.9.11

28 de septiembre: día por la Despenalización del aborto en América Latina y el Caribe

En el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe celebrado en Argentina en 1990, la Asamblea del Movimiento Feminista Latinoamericano, tomando en cuenta que las complicaciones por el aborto inseguro y clandestino constituyen la primera causa de mortalidad de las mujeres en muchos de los paises de la región, decidió declarar el 28 de septiembre como el Dia por la Despenalizacion del Aborto.

Desde entonces mas organizaciones de mujeres se han sumado a la campaña de presion para demandar la despenalizacion del aborto en la region latinoamericana y caribenia. Hoy suman mas de 600.

El 28 de septiembre se recuerda a los gobiernos latinoamericanos que seis mil mujeres se mueren al año debido a complicaciones de abortos.

Mencionan que la cifra anual de abortos que se practican en Brasil, Colombia, Mexico, Peru y Republica Dominicana asciende a 2.8 millones y en toda la region la suma llega a mas de cuatro millones.

Cada dia se realizan 55 mil abortos inseguros en el mundo, 95 por ciento en paises en vias de desarrollo, los cuales son responsables de una de cada ocho muertes maternas.

Mundialmente por cada siete nacimientos se lleva a cabo un aborto inseguro. Se calcula que el aborto inducido -en forma clandestina y condiciones inseguras- es la causa de una de cada tres muertes maternas en la region y de aproximadamente 800 mil hospitalizaciones por año.

Cada 28 de septiembre sirve a las feministas para demandar el acceso de servicios de aborto seguro, lo cual podria prevenir entre el 20 y 25 por ciento del medio millon de muertes maternas que anualmente ocurren en los paises en vias de desarrollo.

Recuerdan que en America Latina y el Caribe entre el 10 y 30 por ciento de las camas de los servicios de ginecologia y obstetricia estan ocupadas por mujeres con diagnostico de aborto incompleto.

(Cifras provenientes de: Instituto Alan Guttmacher; Organizacion Mundial de la Salud, Fondo de Poblacion de las Naciones Unidas y Grupo de Informacion en Reproduccion Elegida)


Actividad callejera en Neuquén














23.9.11

23 de septiembre - Día de lucha contra la trata

En la Argentina de fines del siglo XIX, y en Buenos Aires sobre todo, había más extranjeros que nativos, y muchos más hombres que mujeres. La prostitución cundía y verdaderas mafias de rufianes dominaban no sólo la prostitución sino también la entonces denominada “Trata de blancas”. El antiguo Reglamento de Prostíbulos de Buenos Aires, dictado en 1875, decía simplemente: “No podrá haber en los prostíbulos mujeres menores de 18 años, salvo que se hubieren entregado a la prostitución con anterioridad” (Giverti, 2007). Desde 1889, operaban en nuestro país redes de traficantes. Por ejemplo, la Zwi Migdal (Gran Fuerza), integrada por rufianes judíos que traficaban polacas, funcionó durante 20 años bajo la apariencia de una sociedad de socorros mutuos (Giverti, 2007).

En 1903, algunas organizaciones civiles presentaron un proyecto de ley para controlar la inmigración e impedir el tráfico, pero no será hasta 10 años después que el Congreso apruebe una ley referida al tema. En 1913, por iniciativa del diputado socialista Alfredo Palacios, se sancionó la primera ley contra la explotación sexual, ley que protegía a las víctimas, combatía el flagelo y penalizaba a los responsables. El espíritu de la ley era incorporar como delitos penales en el Código el tráfico de personas. Nos parecen destacables, además de la temprana discusión (Argentina fue el primer país de Latinoamérica en sancionar una ley contra la Trata), dos puntos de la ley. El primero es el inciso h) del artículo 1 que pena a los/as dueños/as de los prostíbulos en los que se encuentren las/os tratadas/os: “la persona o personas regentes de las casas de prostitución pública o clandestina, donde se encontrare una víctima de los delitos especificados en el inciso anterior, serán consideradas, salvo prueba en contrario, autores o coautores, y penados de acuerdo con la escala mencionada”. El segundo, es la propuesta de divulgación, en el sentido más estricto de la palabra, del artículo número 10. Por él se obliga a todos los prostíbulos a publicitar la ley: “Las regentes de casas de prostitución autorizadas quedan obligadas, bajo pena de quinientos a mil pesos de multa por cada infracción, a mantener en lugar visible un ejemplar de la presente ley, en diversos idiomas”.



El 23 de septiembre de 1913, el Senado de la Nación trató y aprobó sin modificaciones el proyecto de Ley de Palacios. Ese día es recordado por la Coalición Internacional contra el Tráfico de Mujeres, como una de las jornadas históricas en la lucha contra la rufianearía, y así lo declaró en su Congreso Mundial de Dacca, Bangladesh, en enero de 1999. La ley de trata vigente en nuestro país (26.364) no posee para nada el espíritu de aquella de 1913, y ha sido fuertemente criticada por organizaciones feministas y de mujeres.

El 1 de septiembre de este año, el Senado dio media sanción a un proyecto que modifica la ley de trata 26.364. Este proyecto incorpora los cuestionamientos de las organizaciones a la ley sancionada en 2008. Dos de los puntos modificados son centrales: 1) con la modificación, la ley no acepta en ningún caso que el “consentimiento” de la víctima pueda exculpar al victimario, y 2) con la modificación, en todos los casos se propicia el cumplimiento efectivo de la pena. El proyecto establece penas mínimas de cuatro años para la trata –lo cual propicia su cumplimiento efectivo e impide el beneficio de la probation–, y fija penas de 8 a 12 años cuando, como consecuencia de la trata, se llega efectivamente a la explotación de la persona.


11.9.11

Comunicado sobre el debate del Aborto en la Cámara de Diputados de la Nación




Frente al estado público que ha tomado la presentación de un proyecto de Ley para modificar el artículo 86 del código penal y el llamado a reunión de comisión para debatirlo, por parte del Presidente de la Comisión de Legislación Penal, Juan Carlos Vega, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito considera oportuno hacer público su rechazo a esta convocatoria que de manera manifiesta solamente apunta a obstaculizar el verdadero debate que se debe el Congreso Nacional, que es por la despenalización y legalización del aborto. Además este proyecto en particular no resulta adecuado para resolver el problema de las muertes de niñas y mujeres por aborto en nuestro país, ni para resolver el cumplimiento de los abortos que están permitidos.
Modificar la redacción del actual artículo 86 del Código Penal es un sin sentido, que no generará ningún cambio en la situación de interferencias provocadas por sectores de justicia o del sistema de salud. Es incluso, en este proyecto presentado por Vega, más restrictivo que la legislación vigente, ya que intenta incorporar plazos (12 semanas) que el actual código no incluye. Circunstancias que actualmente se contemplan en el Código Penal como abortos no punibles (cuando existe riesgo para la vida o la salud de la mujer o en casos de violación) pueden conocerse luego de ese plazo y con las modificaciones propuestas se volverían punibles.
Una vez más se puso en evidencia en agosto de 2011 con la niña violada por su tío en Misiones, que la criminalización del aborto obstaculiza su práctica en los casos actualmente permitidos. Es decir que se promueve una trama de incumplimientos, discusión de interpretaciones y dilaciones indebidas entre el sistema de salud y de justicia, que se reiteran asiduamente en todo nuestro país, generando un problema de salud pública y vulnerando derechos claramente consagrados por nuestra legislación desde hace 90 años.
Para cumplir con los abortos que actualmente son legales existe una “Guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles” elaborada por el Ministerio de Salud de la Nación que debe elevarse a rango de Resolución Ministerial, junto con el desarrollo de un plan para su efectiva implementación en todo el país. La efectivización de esta Guía es una política de salud pública, responsabilidad del Poder Ejecutivo, que no requiere de ninguna intervención del poder legislativo para ser efectiva.
Este proyecto y otros que sólo intentan aclarar el alcance del artículo 86, representan un retroceso en el campo de los derechos de las mujeres: no aportan solución para el actual incumplimiento de los abortos legales, tampoco resuelven los problemas relacionados con el aborto clandestino. No resuelven el problema de las 500 mil mujeres que cada año recurren a esta práctica, y menos aún el de las 3000 mujeres que han muerto desde la reinstauración democrática y el drama para sus familias. Mientras el aborto siga siendo clandestino y por lo tanto, peligroso para las mujeres más pobres y menos informadas, que no tienen acceso a servicios de calidad, habrá muertes por aborto en nuestro país. La penalización del aborto es ineficaz para prevenir los abortos que prohíbe. Vulnerabiliza injustamente a las más jóvenes, pobres y con menor nivel educativo.
En contraposición a lo expuesto, creemos que legalizar y despenalizar el aborto como propone el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), elaborado e impulsado por esta Campaña, contribuye a descomprimir las interpretaciones y subjetividades personales e institucionales puestas en juego. Es un aporte no sólo para aclarar las actuales causales, sino que también permite a los equipos de salud trabajar sin presiones. Sabiendo que un tercio de muertes maternas se deben al aborto practicado en condiciones inseguras, la propuesta del Proyecto de IVE, se presenta como la herramienta más eficaz para reducir drásticamente la mortalidad de mujeres por gestación.
Como ha sido ampliamente argumentado por diferentes Organismos Internaciones de Derechos Humanos, sólo mediante la legalización del aborto, se respeta la universalidad y la no-discriminación, y la autonomía de las mujeres como ciudadanas con derechos que deben ser garantizados por el Estado.
Desde la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación se han realizado dos audiencias públicas con invitadas especiales (Marianne Mollman representante de Human Rights Watch y Luz Patricia Mejía relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) que expusieron argumentos consistentes sobre la necesidad de avanzar en la legalización sobre aborto. En ocasión de las mismas, la Comisión, manifestó su compromiso con que este tema fuera tratado durante el año 2011. Por esto es que desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito esperamos que se dé el mismo tratamiento a este tema que se está dando a la Ley de Identidad de género. Nuestro proyecto de Ley cuenta con la firma que lo avala de 50 diputados y diputadas, lo que demuestra el amplio apoyo social que se ha sumado a lo largo de todos estos años.
Nuestra sociedad no sólo está madura para debatir este tema con la complejidad que reviste, sino que es imperioso hacerlo. Llamamos a diputadas y diputados firmantes del proyecto de Ley de la Campaña a realizar un compromiso activo con el debate. Los derechos de las mujeres no pueden esperar los tiempos electorales, ni los discursos religiosos, ni las maniobras distractivas y conservadoras, que siguen poniendo a nuestro país en situaciones de discriminación en el acceso a la salud y a un derecho que afecta solamente a las mujeres y en especial a las más jóvenes y de sectores populares.
Invitamos a toda la sociedad comprometida con la defensa de los derechos humanos de las mujeres a repudiar públicamente el accionar de los legisladores y legisladoras que no cumplen con sus compromisos, postergando respuestas esenciales para el bienestar de la población, y reiteramos nuestro compromiso integral: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Argentina, 9 de septiembre de 2011

20.7.11